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"El principio de subsidiariedad, aquél que proclama que donde llegue la iniciativa social no debe llegar la administración pública, no está siendo respetado. Bajo el paraguas de “servicio público”, el proyecto de Ley Orgánica de Educación pretende dejar las manos libres al Gobierno para planificar sin atender la demanda social, es decir, lo que muchos padres y madres reclaman de acuerdo con el artículo 27.3 de la Constitución Española, que dice así: “Los poderes públicos garantizan el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. En otras palabras, el Gobierno debería garantizar la libertad de los padres y madres a la hora de elegir centro y modelo educativo para sus hijos.
Con este principio, el Ministerio de Educación dirigido por María Jesús San Segundo pretende imponer que la escuela concertada sea subsidiaria de la pública. Así intentará que aceptemos que sobran las plazas de estos colegios, muchos de ellos de orientación cristiana, cuando hay suficiente oferta pública. El anteproyecto de ley mantiene, por otro lado, garantías de gratuidad para los centros concertados en igualdad de condiciones con los públicos. Pero eso no será posible si no respeta su identidad y su estilo propios. Aquí la sociedad civil tiene un nuevo reto, como lo ha tenido recientemente con la defensa de la familia y con la lucha contra la pobreza: Hay que exigir, si hace falta desde la calle, el tan deseado pacto educativo que respete la libertad y garantice una presencia digna de la asignatura de religión confesional como una opción con alternativa igualmente respetable y evaluable."
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