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"Con estos apaños, la cosa ha ido funcionando, pero lo que no puede ser, porque resulta un fraude constitucional, es que, amparándose en el hecho de que los padres deban cubrir necesariamente una parte del coste porque la administración no aporta los medios suficientes, se persiga esta financiación hasta intentar hacerla imposible y se presente como alternativa que los centros concertados se integren en la red pública, para así pasar a ser gratuitos. Éste es un chantaje inadmisible y que vulnera de pleno la Constitución."
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