Prestigiosos juristas dicen que es necesario reformar antes la Constitución
"En una entrevista concedida a "ABC" (24-04-2005), Álvaro Rodríguez Bereijo, ex presidente del Tribunal Constitucional, también ha mostrado su rechazo a la reforma del gobierno: "Soy profundamente contrario a cualquier forma de discriminación de las personas por su inclinación sexual, pero el problema del matrimonio en las parejas homosexuales es una cuestión diferente. El hecho de que puedan o no casarse, no es un problema de discriminación". Para Rodríguez Bereijo, el artículo 32 de la Constitución no establece el derecho al matrimonio sino "el reconocimiento constitucional de la institución civil del matrimonio". Se trata, dice, de una "garantía constitucional para que una institución civil no se pueda alterar o manipular por el legislador ordinario".
Dicha garantía asegura la existencia en el ordenamiento jurídico de una institución con un contenido predeterminado, del cual forma parte la nota de la heterosexualidad. En efecto, como recuerda Rodríguez Bereijo, "en la Constitución [el matrimonio] está concebido entre el hombre y la mujer, por cierto, exactamente igual que está configurado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y cambiar eso exige reformar también el Código Civil y la Constitución". En idénticos términos se ha expresado Luis Díez-Picazo, antiguo magistrado del Tribunal Constitucional, que ve en el artículo 32 una garantía institucional a una institución muy concreta que es el matrimonio heterosexual, tendencialmente orientada a la procreación. Recientemente han insistido en esta idea el Consejo General del Poder Judicial (ver Aceprensa 12/05) y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (ver Aceprensa 34/05).
En su entrevista a "ABC", Rodríguez Bereijo califica de "argucia de leguleyo" el argumento de quienes sostienen que, como el artículo 32 no prohíbe la unión de homosexuales, cualquiera puede contraer matrimonio con quien desee, sea hombre o mujer. A su juicio, "eso es un ardid de técnica verbal, es andar buscando trampas (...) para hacerle decir a la Constitución lo que no dice ni ha querido decir". En el mismo sentido se había pronunciado Miquel Martín Casals, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Girona, para quien "pretender que el legislador constitucional quiso dejar abierta la puerta al matrimonio gay parece insostenible" ("El Noticiero de las Ideas", n. 11, julio-septiembre 2002).
Perplejos por esta polémica, algunos ponentes de la Constitución decidieron terciar en el asunto pronunciándose en términos inequívocos. Así, Gabriel Cisneros, que fue ponente constitucional por Unión de Centro Democrático (UCD), señaló que "la cuestión del matrimonio entre homosexuales estaba entonces muy lejos de los planteamientos de los constituyentes" (ver Aceprensa 12/05).
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